La música nunca ha vivido completamente al margen de la política. A lo largo de la historia ha acompañado ceremonias de poder, revoluciones, movimientos de resistencia y profundas transformaciones sociales. Ha servido para afirmar identidades, expresar desacuerdos y dar forma sonora a experiencias colectivas que difícilmente podían encontrar otro lenguaje. Pretender que el escenario constituye un territorio aislado de los conflictos de su tiempo sería desconocer buena parte de la propia historia musical. Pero reconocer esa relación no significa aceptar que las circunstancias políticas deban determinar quién tiene derecho a crear, interpretar o ser escuchado. Una cosa es que la música participe de los debates y las tensiones de su época, y otra muy distinta que la libertad de quienes la hacen posible quede condicionada por decisiones, conflictos o responsabilidades que no necesariamente les pertenecen. La cultura puede dialogar con la política, cuestionarla e incluso enfrentarse a ella, sin renunciar por ello a su independencia ni a su capacidad de reunir voces diferentes.
En los últimos años, las guerras y las tensiones internacionales han trasladado a las instituciones culturales debates que antes parecían circunscritos a la diplomacia y a la política exterior. Orquestas, teatros y festivales se han visto obligados a responder a demandas de posicionamiento público, mientras algunos artistas han sido cuestionados por su nacionalidad, sus vínculos institucionales o sus declaraciones —y, en ocasiones, por la ausencia de ellas—. Parece haberse instalado una suerte de obligación de pronunciarse, como si el silencio constituyera necesariamente una forma de complicidad y como si expresar solidaridad con las víctimas de un conflicto exigiera, además, identificarse con alguna de las posiciones políticas enfrentadas. Sin embargo, condenar el sufrimiento humano, defender la dignidad de las personas y rechazar la violencia no debería confundirse con la adhesión a un gobierno, una causa política o cualquiera de los actores implicados en una guerra. La discusión ya no se limita a qué música programamos, sino que alcanza a las condiciones bajo las cuales permitimos que esa música llegue al público. Y es ahí donde surge una cuestión especialmente delicada: cuando la posibilidad de actuar en un escenario comienza a depender no solo de la trayectoria o las decisiones de un artista, sino también de las declaraciones que se espera que haga, de las posiciones que se le exige adoptar o de la interpretación que otros realizan de sus silencios, la libertad artística corre el riesgo de quedar sometida a criterios ajenos a la propia creación musical.
En el fondo, una de las cuestiones que plantea este debate es la dificultad de distinguir entre responsabilidades políticas e individuales. Las decisiones de un gobierno no pueden atribuirse automáticamente a todos los ciudadanos de un país, del mismo modo que la nacionalidad de un artista no determina sus convicciones ni su grado de responsabilidad ante un conflicto. Esto no significa que los músicos deban quedar al margen de cualquier cuestionamiento sobre sus propias actuaciones o compromisos, sino que el juicio sobre su conducta debería partir de hechos concretos y no de presunciones vinculadas a su origen o a su silencio.
El escenario como tribunal
La cancelación del concierto de la Filarmónica de Múnich que debía dirigir Lahav Shani el 18 de septiembre de 2025 en el Festival de Flandes de Gante ilustra hasta qué punto estas tensiones pueden alterar la vida musical. La organización justificó su decisión alegando que, dada su condición de director titular de la Filarmónica de Israel, no disponía de suficiente claridad sobre su posición respecto al Gobierno israelí y sus actuaciones en Gaza, pese a reconocer que Shani se había pronunciado anteriormente a favor de la paz y la reconciliación.
La decisión provocó una considerable controversia. Desde la perspectiva de quienes defendieron la cancelación, las instituciones culturales debían mostrar coherencia con sus compromisos éticos ante la situación humanitaria en Gaza. Sus críticos, en cambio, consideraron que se estaba condicionando la participación de un músico a una declaración política, con las consecuencias que ello podía tener para la libertad artística.
La gravedad del sufrimiento de la población civil en Gaza no desaparece porque cuestionemos una cancelación, del mismo modo que defender el derecho de un artista a actuar no implica respaldar las decisiones del Gobierno de su país. Ambas afirmaciones pueden sostenerse simultáneamente, aunque el clima de polarización tienda a presentarlas como incompatibles.
Resulta especialmente necesario que las instituciones culturales examinen con rigor sus propias relaciones con organismos estatales, sus fuentes de financiación y su posible participación en iniciativas utilizadas como instrumentos de propaganda política. Es en ese ámbito donde deben ejercer, en primer término, su responsabilidad, evaluando la naturaleza y las consecuencias de sus colaboraciones. Lo que no parece razonable es desplazar esa exigencia hacia un intérprete por el mero hecho de pertenecer a una determinada comunidad nacional, atribuyéndole responsabilidades que no necesariamente le corresponden. La distinción entre representar oficialmente a un Estado y ejercer una actividad artística a título individual es esencial para valorar cada situación con justicia.
La libertad de expresión de un artista comprende tanto la posibilidad de manifestar sus convicciones como la de decidir cuándo y de qué manera hacerlo. Su participación en la vida musical no debería depender, por principio, de la obligación de formular declaraciones políticas, aunque sus palabras, sus actos y sus compromisos públicos puedan ser legítimamente cuestionados. Lo verdaderamente delicado surge cuando una institución convierte la exigencia de un determinado pronunciamiento en una condición para acceder al escenario.
No todas las exclusiones son iguales
Hablar indistintamente de censura, boicot y cancelación puede resultar cómodo, pero empobrece el debate. No es lo mismo que un Estado prohíba una interpretación que una asociación convoque una protesta; tampoco equivale la decisión de un artista de retirar su participación por razones de conciencia a la exclusión impuesta por una institución cultural. Pero incluso aquí es necesario introducir un matiz: una cosa es que un músico decida libremente, de acuerdo con sus convicciones, no participar en un acontecimiento, y otra que esa decisión se produzca bajo la presión de quienes esperan de él una determinada respuesta política. La libertad de conciencia comprende tanto el derecho a comprometerse como el de no hacerlo, y pierde parte de su sentido cuando una elección personal se transforma en una exigencia externa.
La censura estatal dispone de instrumentos coercitivos que pueden comprometer directamente la libertad, la seguridad o la subsistencia de los músicos. Un boicot, por su parte, puede constituir una forma legítima de protesta política, aunque sus efectos y su justificación deban examinarse en cada circunstancia. Las instituciones culturales tienen derecho a definir sus líneas de colaboración, pero ese margen de decisión conlleva una responsabilidad especial cuando reciben financiación pública y se presentan como espacios de encuentro y pluralidad.
La relación entre los artistas y las instituciones públicas tampoco admite interpretaciones automáticas. Participar en una actividad financiada o promovida por un Estado no supone necesariamente respaldar sus políticas, aunque determinadas colaboraciones puedan implicar una función explícita de representación o propaganda. El sentido de esa participación depende de las circunstancias, del papel que desempeñe el músico y de los compromisos que haya asumido libremente. Ignorar esos matices puede conducir tanto a atribuir responsabilidades injustificadas como a pasar por alto aquellas que realmente existen.
Ninguna de estas cuestiones admite respuestas automáticas. ¿Quién toma la decisión de excluir a un artista? ¿En qué criterios se fundamenta y qué consecuencias tiene para los músicos, las instituciones y el público? Plantearse estas preguntas exige algo que escasea en los debates más polarizados: examinar los hechos con rigor, valorar las circunstancias y resistirse a convertir situaciones complejas en juicios sumarios.
Los silencios que apenas incomodan
Hay, sin embargo, otra cuestión que merece atención: la desigual visibilidad de los conflictos y la manera en que determinadas causas concentran la movilización cultural mientras otras, igualmente graves, permanecen durante años en un segundo plano. La actualidad, las imágenes y la intensidad del debate público parecen influir también en las prioridades de las instituciones culturales, hasta el punto de que algunas situaciones provocan campañas, comunicados y decisiones inmediatas, mientras otras apenas consiguen sostener una atención continuada.
En Afganistán, bajo el régimen talibán, la música ha sido objeto de una represión sistemática que afecta a intérpretes, docentes y a las posibilidades mismas de transmisión de una tradición artística. En Irán, las restricciones impuestas a las mujeres que desean cantar en público siguen condicionando profundamente sus carreras y su libertad de expresión. Son realidades en las que la intervención del poder político no se limita a influir en la programación de un concierto, sino que alcanza directamente a la posibilidad de crear, enseñar, interpretar y desarrollar una vida profesional vinculada a la música.
Lo que debería interpelarnos no es únicamente la gravedad de estas restricciones, sino también el lugar que ocupan en nuestra conciencia cultural. ¿Por qué algunas situaciones desencadenan una movilización inmediata mientras otras, pese a prolongarse durante años, parecen quedar relegadas a una preocupación ocasional? ¿Qué determina las causas que las instituciones culturales consideran prioritarias y cuáles permanecen fuera de sus declaraciones públicas? La visibilidad de una tragedia no debería convertirse en la medida de nuestra sensibilidad ante las demás.
La solidaridad cultural no puede quedar sometida exclusivamente a los ciclos de actualidad ni a las causas que alcanzan mayor repercusión pública. Una institución puede expresar su cercanía a las víctimas de una guerra, defender la libertad de los artistas y mantener una atención sostenida hacia quienes ven restringido su derecho a crear o interpretar. La cultura tiene la capacidad de hacer visibles realidades que otros discursos relegan, de mantener abiertas preguntas que la actualidad abandona y de ofrecer un espacio a voces que encuentran dificultades para hacerse escuchar. Esa también es una forma de compromiso con la libertad.
La responsabilidad de las instituciones
Las instituciones musicales no son neutrales por naturaleza. Cada programación implica decisiones estéticas, económicas y culturales; cada invitación supone una selección y cada colaboración expresa determinadas prioridades. La neutralidad absoluta es, en ese sentido, una ficción, pero tampoco es lo que debemos exigirles. Una institución cultural puede defender determinados valores, expresar sus convicciones y asumir compromisos ante los acontecimientos de su tiempo sin que ello implique imponer una visión única a quienes participan en su actividad. La libertad de pensamiento, la pluralidad de opiniones y el derecho a discrepar forman parte de los principios que debería contribuir a preservar. Su responsabilidad no consiste en garantizar que todos los artistas compartan una misma posición, sino en mantener las condiciones que permiten la convivencia de sensibilidades diferentes, sin perder de vista que su razón de ser es, ante todo, la cultura y la música.
En momentos de crisis, resulta comprensible que los responsables culturales sientan la necesidad de actuar. La solidaridad ante el sufrimiento humano forma parte de la responsabilidad que las instituciones pueden asumir como integrantes de la sociedad, pero esa respuesta exige algo más que atender a las presiones del momento. Requiere criterios claros, decisiones proporcionadas y una valoración cuidadosa de sus consecuencias. La cultura dispone de numerosos recursos para expresar su compromiso: puede promover encuentros, abrir espacios de reflexión, impulsar iniciativas solidarias y apoyar a creadores cuya libertad se encuentra amenazada, sin que la exclusión deba convertirse en su principal instrumento de respuesta.
También conviene recordar que los efectos de una cancelación rara vez recaen sobre una sola persona. Alcanzan a otros intérpretes, a los profesionales que hacen posible la actividad musical, al público y, en ocasiones, a las propias obras, cuya interpretación queda interrumpida por circunstancias ajenas a su contenido artístico. Una decisión concebida como gesto político puede terminar afectando a quienes no participaron en los acontecimientos que la motivaron y privar al público de una experiencia cultural que también le pertenece.
Afinar la escucha ante nuestras contradicciones
Quizá la pregunta decisiva no sea si la política debe entrar en las salas de concierto, porque nunca ha dejado de hacerlo, sino qué principios deberían orientar su presencia. No podemos pedir a la música que resuelva los conflictos que la diplomacia y los gobiernos son incapaces de solucionar, ni exigir a los artistas una indiferencia que muchos no sienten ni desean practicar. A lo largo de la historia, los músicos han asumido posiciones políticas con valentía, han denunciado injusticias y han puesto su creación al servicio de causas en las que creían. Esa libertad merece ser protegida tanto como la de quienes prefieren expresarse exclusivamente a través de su trabajo.
La dificultad comienza cuando el derecho a tomar posición se transforma en la obligación de adoptar una determinada, y cuando la participación en la vida cultural queda condicionada a demostrar una conformidad ideológica. Defender la libertad artística no significa renunciar al juicio crítico ni considerar que el talento exime de responsabilidad por las propias acciones. Significa reconocer que la valoración de una conducta debe apoyarse en hechos y no en presunciones derivadas de la identidad, la procedencia o el silencio de una persona.
En un tiempo marcado por los enfrentamientos y las certezas inmediatas, preservar espacios donde sea posible encontrarse sin compartir necesariamente las mismas convicciones constituye una responsabilidad cultural de primer orden. La música no elimina nuestras diferencias ni nos obliga a pensar de la misma manera, pero puede ofrecernos una experiencia compartida que trascienda, al menos durante un instante, aquello que nos separa. Renunciar a esa posibilidad sería empobrecer una de las dimensiones más valiosas de la vida musical.
Afinar la escucha exige prestar atención a las voces que se oyen, pero también preguntarnos por aquellas que dejamos fuera, por las razones de su ausencia y por la coherencia de los criterios que aplicamos. Porque nuestro compromiso con la libertad artística no se demuestra únicamente cuando defendemos a quienes comparten nuestras convicciones, sino también cuando somos capaces de preservar los derechos de quienes piensan de manera diferente. Y quizá sea precisamente ahí, en la voluntad de seguir escuchándonos a pesar de nuestras discrepancias, donde la cultura encuentre una de sus formas más necesarias de libertad.
Ruth Prieto. Octubre de 2026 · 20.ª temporada de El Compositor Habla
Ruth Prieto es pianista, musicógrafa, periodista musical y divulgadora especializada en música clásica, contemporánea y en la recuperación del legado de las compositoras. Fundadora y directora de El Compositor Habla y creadora y directora de La Soirée Musicale, en Radio Alma (Bruselas), es también creadora de Donde ellas suenan, programa de Radio 5 de RNE que presenta junto a Valle Alonso, y del proyecto Las Madres Musicales de Europa. Su trabajo se centra en acercar la música al público actual, fomentar una escucha crítica y comprometida y ampliar el conocimiento de la historia musical, con especial atención a la creación contemporánea y a las aportaciones de las mujeres a lo largo de los siglos.