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Cuando la política decide quién sube al escenario

30/10/2026

Censuras, boicots, cancelaciones y silencios: ¿hasta dónde debe entrar la política en las salas de concierto? Por Ruth Prieto | Afinando la escucha

La música nunca ha vivido completamente al margen de la política. Ha servido para celebrar el poder, cuestionarlo, construir identidades nacionales, expresar resistencias y acompañar algunas de las grandes transformaciones sociales de la historia. Pretender que el escenario constituye un territorio ajeno a los conflictos de su tiempo sería desconocer buena parte de la propia historia musical. Pero reconocer esa relación no significa aceptar sin reservas que las decisiones políticas determinen quién tiene derecho a interpretar, crear o ser escuchado.

En los últimos años, las guerras y las tensiones internacionales han trasladado a las instituciones culturales debates que antes parecían circunscritos a la diplomacia y a la política exterior. Orquestas, teatros y festivales se han visto obligados a responder a demandas de posicionamiento público, mientras algunos artistas han sido cuestionados por su nacionalidad, sus vínculos institucionales o sus declaraciones —y, en ocasiones, por la ausencia de ellas—. La discusión ya no se limita a qué música programamos, sino que alcanza a las condiciones bajo las cuales permitimos que esa música llegue al público.

El problema comienza cuando confundimos responsabilidades distintas y aplicamos a los individuos exigencias que corresponden, en primer término, a los Estados y a sus dirigentes.

El escenario como tribunal

La cancelación del concierto de la Filarmónica de Múnich que debía dirigir Lahav Shani en el Festival de Flandes, en Gante, en septiembre de 2025, ilustra hasta qué punto estas tensiones pueden alterar la vida musical. La organización justificó su decisión por la imposibilidad de obtener suficiente claridad sobre la posición del director israelí respecto a las actuaciones de su Gobierno en Gaza, pese a reconocer que Shani se había pronunciado anteriormente a favor de la paz y la reconciliación.

La decisión provocó una considerable controversia. Para sus promotores, se trataba de mantener una posición coherente ante una situación humanitaria intolerable y responder a las demandas de una parte del sector cultural. Para sus críticos, suponía condicionar la participación de un músico a una declaración política y establecer un precedente inquietante para la libertad artística.

La gravedad de la situación en Gaza no desaparece porque cuestionemos una cancelación, del mismo modo que defender el derecho de un artista a actuar no implica respaldar las decisiones del Gobierno de su país. Ambas afirmaciones pueden sostenerse simultáneamente, aunque el clima de polarización tienda a presentarlas como incompatibles.

Resulta legítimo pedir a las instituciones culturales que reflexionen sobre sus relaciones con organismos estatales, sus fuentes de financiación o su participación en iniciativas utilizadas como instrumentos de propaganda. Pero ¿debemos exigir idéntica responsabilidad a un intérprete por el simple hecho de pertenecer a una determinada comunidad nacional? ¿Hasta dónde alcanza la obligación de pronunciarse públicamente? ¿Y quién decide qué declaración resulta suficientemente clara para autorizar una actuación?

La libertad de expresión comprende también el derecho a no convertir cada aparición pública en una declaración de adhesión o condena política. Naturalmente, ese derecho no impide que las palabras y los actos de un artista puedan ser objeto de crítica. Lo que merece especial vigilancia es el momento en que una institución transforma una exigencia de posicionamiento en condición de acceso al escenario.

No todas las exclusiones son iguales

Hablar indistintamente de censura, boicot y cancelación puede resultar cómodo, pero empobrece el debate. No es lo mismo que un Estado prohíba una interpretación que una asociación convoque una protesta; tampoco equivale la decisión de un artista de retirar su participación a la exclusión impuesta por una institución.

La censura estatal dispone de instrumentos coercitivos que pueden comprometer directamente la libertad, la seguridad o la subsistencia de los músicos. Un boicot, por su parte, puede constituir una forma legítima de protesta política, aunque sus efectos y su justificación deban examinarse en cada circunstancia. Las instituciones culturales tienen derecho a definir sus líneas de colaboración, pero ese margen de decisión conlleva una responsabilidad especial cuando reciben financiación pública y se presentan como espacios de encuentro y pluralidad.

También importa distinguir entre quienes han utilizado activamente su prestigio artístico para respaldar determinadas políticas y quienes son asociados a ellas por su origen o por el cargo que desempeñan. La responsabilidad individual no debería diluirse en una presunción colectiva de culpabilidad.

Estas diferencias no ofrecen soluciones automáticas. Exigen, precisamente, algo que escasea en los debates más polarizados: examinar los hechos, valorar las circunstancias y resistirse a convertir situaciones complejas en juicios sumarios.

Los silencios que apenas incomodan

Hay, sin embargo, otra contradicción que merece atención. Mientras determinados conflictos desencadenan campañas, comunicados y decisiones inmediatas en los escenarios europeos, otras restricciones mucho más directas contra la libertad musical parecen suscitar respuestas menos visibles.

En Afganistán, bajo el régimen talibán, la música ha sido objeto de una represión sistemática que afecta a intérpretes, docentes y a las posibilidades mismas de transmisión de una tradición artística. En Irán, las restricciones impuestas a las mujeres que desean cantar en público siguen condicionando profundamente sus carreras y su libertad de expresión. No hablamos aquí de un desacuerdo sobre las posiciones políticas de una intérprete, sino de situaciones en las que el ejercicio de la actividad musical puede ser perseguido por las autoridades.

Estas realidades no son idénticas a los boicots culturales europeos, y sería un error presentarlas como si lo fueran. Precisamente por eso resulta necesario nombrar sus diferencias. En unos casos debatimos los límites de la responsabilidad política de un artista; en otros, el derecho elemental a ejercer su profesión y hacer oír su voz.

La comparación no pretende establecer una competición entre sufrimientos ni restar importancia a ninguna tragedia. Plantea una pregunta sobre la coherencia de nuestra atención cultural: ¿qué determina que unas vulneraciones de la libertad artística movilicen a instituciones y públicos, mientras otras permanecen durante años en los márgenes de la conversación?

La solidaridad cultural debería poder sostener más de una preocupación al mismo tiempo. Defender a los artistas afectados por una guerra no exige olvidar a quienes sufren persecución por motivos religiosos, políticos o de género. Tampoco debería obligarnos a elegir entre la denuncia de una injusticia y la defensa de los principios que permiten a la cultura seguir siendo un espacio abierto.

La responsabilidad de las instituciones

Las instituciones musicales no son neutrales por naturaleza. Cada programación implica decisiones estéticas, económicas y culturales; cada invitación supone una selección y cada colaboración expresa determinadas prioridades. La neutralidad absoluta es, en ese sentido, una ficción.

Pero de ahí no se desprende que una sala de conciertos deba convertirse en un órgano encargado de certificar la corrección política de sus invitados. Su responsabilidad consiste también en preservar las condiciones que hacen posible la diversidad de voces, la discrepancia y el intercambio artístico.

En momentos de crisis, resulta comprensible que los responsables culturales sientan la necesidad de actuar. Permanecer indiferentes ante el sufrimiento humano no es una opción moralmente satisfactoria. Sin embargo, actuar con responsabilidad exige algo más que responder a la presión inmediata. Requiere criterios reconocibles, decisiones proporcionadas y una distinción clara entre la colaboración institucional con un poder político y la participación de artistas individuales.

La cultura puede manifestar solidaridad, promover encuentros, abrir espacios de discusión y apoyar a creadores perseguidos sin convertir necesariamente la exclusión en su principal instrumento de respuesta.

También conviene recordar que los efectos de una cancelación rara vez recaen sobre una sola persona. Alcanzan a otros intérpretes, a los trabajadores de las instituciones, a los públicos y, en ocasiones, a las propias obras. Una decisión presentada como gesto político puede terminar afectando a quienes no participaron en los acontecimientos que la motivaron.

Afinar la escucha ante nuestras contradicciones

Quizá la pregunta decisiva no sea si la política debe entrar en las salas de concierto, porque nunca ha dejado de hacerlo, sino qué principios deberían orientar su presencia.

No podemos pedir a la música que resuelva los conflictos que la diplomacia y los gobiernos son incapaces de solucionar. Tampoco sería razonable exigir a los artistas una indiferencia que muchos no sienten ni desean practicar. A lo largo de la historia, los músicos han asumido posiciones políticas con valentía, han denunciado injusticias y han puesto su creación al servicio de causas en las que creían. Esa libertad merece ser protegida tanto como la de quienes prefieren expresarse exclusivamente a través de su trabajo.

Lo verdaderamente preocupante aparece cuando la libertad de tomar posición se transforma en la obligación de adoptar una posición determinada, y cuando el acceso a la vida cultural empieza a depender de pruebas de conformidad ideológica.

Defender la libertad artística no significa renunciar al juicio crítico, ni convertir el talento en una absolución de cualquier responsabilidad. Significa, más bien, negarse a sustituir el examen de las conductas por la sospecha basada en identidades, procedencias o silencios.

En un tiempo de enfrentamientos y certezas inmediatas, tal vez una de las responsabilidades más difíciles de las instituciones culturales sea mantener abiertos aquellos espacios donde todavía es posible encontrarse sin estar necesariamente de acuerdo.

Afinar la escucha exige prestar atención a las voces que se oyen, pero también preguntarnos por las que dejamos fuera, por las razones de su ausencia y por la coherencia de los criterios que aplicamos. Porque la verdadera medida de nuestro compromiso con la libertad artística no está únicamente en defender a quienes piensan como nosotros, sino también en preservar los derechos de quienes no comparten nuestras convicciones.

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